Posibilidad de que las personas físicas puedan adquirir la condición de empresa de seguridad

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    • Posibilidad de que las personas físicas puedan adquirir la condición de empresa de seguridad

      En contestación a escrito de un particular, formulando consulta sobre diversas cuestiones derivadas de las últimas modificaciones normativas en materia de seguridad privada, en relación con la posibilidad de que las personas físicas puedan adquirir la condición de empresa de seguridad, esta Secretaría General Técnica, pone de manifiesto lo siguiente:

      1. El artículo 7.1.a) de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, con remisión al artículo 5 del mismo texto, exige a las empresas de seguridad tener como objeto social alguna de las actividades recogidas en el artículo 5. Dado que la persona física carece de objeto social, ¿debemos entender cumplido tal requisito mediante la acreditación del correspondiente alta en el Impuesto de Actividades Económicas, así como la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (en adelante RETA), o se han previsto otros mecanismos?

      2. Dado que el Registro de Empresas de Seguridad existente ha establecido su funcionamiento para el registro de personas jurídicas, ¿dónde deben inscribirse las personas físicas?

      3. El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, enumera una serie de documentación en cada una de las fases del procedimiento que, en su mayoría, son inexistentes o imposibles para la persona física. ¿Qué documentación debe aportar la persona física para constituirse como empresa de seguridad en las distintas fases del procedimiento?

      4. Asimismo, los medios materiales no quedan determinados. ¿Qué medios materiales se le van a exigir para tal fin?

      Análisis normativo

      El Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, en la nueva redacción que se da al artículo 7 de ésta, dispone lo siguiente:

      “1. La prestación de servicios de seguridad privada a que se refiere el artículo 5 de esta Ley se llevará a cabo por empresas de seguridad, que podrán revestir la forma de persona física o de persona jurídica.

      2. Para la prestación de los servicios y actividades de seguridad privada contemplados en esta Ley, las empresas de seguridad deberán obtener la oportuna autorización administrativa por el procedimiento que se determine reglamentariamente, a cuyo efecto deberán reunir los siguientes requisitos:

      a) Tener por objeto social exclusivo todos o alguno de los servicios o actividades contemplados en el artículo 5

      b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

      c) Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos que se determinen reglamentariamente. En particular, cuando se presten servicios para los que se precise el uso de armas, habrán de adoptarse las medidas que garanticen su adecuada custodia, utilización y funcionamiento, en la forma que se determine.

      d) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías financieras en la cuantía y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.

      e) Constituir la fianza que se determine reglamentariamente a disposición de las autoridades españolas para atender a las responsabilidades que se deriven del funcionamiento de la empresa por infracciones a la normativa de seguridad privada.

      3. A los efectos previstos en las letras d) y e) del apartado 2, se tendrán en cuenta los requisitos ya exigidos en el Estado miembro de origen en lo referente a la suscripción del contrato de seguro de responsabilidad civil u otras garantías financieras, así como en lo relativo a la constitución de fianzas.

      4. Las empresas de seguridad, tanto si son personas físicas como jurídicas, autorizadas para la prestación de servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de inscribirse en el Registro de Empresas de Seguridad que se lleva en el Ministerio del Interior, a cuyo efecto deberán acreditar su condición de empresas de seguridad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley, en la forma que se determine reglamentariamente.

      5. La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la cancelación de la inscripción, que será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia del interesado.

      6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, a las empresas de seguridad que tengan por objeto exclusivo la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, así como el asesoramiento y planificación de actividades de seguridad, se las podrá eximir del cumplimiento de alguno de los requisitos incluidos en este artículo, cuando así se determine reglamentariamente”.

      Por su parte, el artículo 9 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, en la nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, dispone lo siguiente:

      “1. Cuando las empresas de seguridad revistan la forma de persona jurídica, deberán reunir los requisitos establecidos en la legislación mercantil.

      2. Las empresas a las que se refiere el apartado anterior estarán obligadas a comunicar al Ministerio del Interior todo cambio que se produzca en la titularidad de las acciones o participaciones y los que afectan a su capital social, dentro de los quince días siguientes a su modificación.

      3. Asimismo, en igual plazo, deberán comunicar cualquier modificación de sus Estatutos y toda variación que sobrevenga en la composición personal de los órganos de administración y dirección de las empresas”.

      Mediante el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, se procedió a modificar aquellos artículos del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que constituyen desarrollo o ejecución de los preceptos modificados por el Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre.

      Así, el artículo 2 (Obligatoriedad de la inscripción y de la autorización o reconocimiento) establece lo siguiente:

      “1. Para la prestación de los servicios y el ejercicio de las actividades enumerados en el artículo anterior, las empresas deberán reunir los requisitos determinados en el artículo 7 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, ser autorizadas siguiendo el procedimiento regulado en los artículos 4 y siguientes de este Reglamento y hallarse inscritas en el Registro de Empresas de Seguridad existente en el Ministerio del Interior.

      2. Las empresas de seguridad autorizadas para la prestación de servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, serán reconocidas e inscritas en el citado Registro una vez que acrediten su condición de empresa de seguridad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 5, 6 y 7 de este Reglamento. A tal efecto, se tendrán en cuenta los requisitos ya acreditados en cualquiera de dichos Estados y, en consecuencia, no será necesaria nueva cumplimentación de los mismos.

      3. En el Registro, con el número de orden de inscripción y autorización de la empresa, figurará su denominación, número de identificación fiscal, fecha de autorización, domicilio, clase de sociedad o forma jurídica, actividades para las que ha sido autorizada, ámbito territorial de actuación y representante legal, así como las modificaciones o actualizaciones de los datos enumerados”.

      Por su parte, el artículo 5, relativo a la documentación que deben presentar las empresas de seguridad, dispone lo siguiente:

      “1. El procedimiento de autorización se iniciará a solicitud de la sociedad o persona interesada, que deberá acompañar los siguientes documentos:

      a) Fase inicial, de presentación:

      1º Si se trata de sociedades, copia auténtica de la escritura pública de constitución, en la que deberá constar que la sede social o establecimiento se encuentra en un Estado miembro de la Unión Europea o enun Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, su objeto social, que habrá de ser exclusivo y coincidente con uno o más de los servicios o actividades a que se refiere el artículo 1 de este reglamento, titularidad del capital social, y certificado de la inscripción o nota de inscripción reglamentaria de la sociedad en el Registro Mercantil o, en su caso, en el Registro de Cooperativas que corresponda, o documento equivalente en el caso de sociedades constituidas en cualquiera de dichos Estados.

      2º Declaración de la clase de actividades que pretende desarrollar y ámbito territorial de actuación. No podrá inscribirse en el Registro ninguna empresa cuya denominación induzca a error con la de otra ya inscrita o con la de órganos o dependencias de las Administraciones Públicas, pudiendo formularse consultas previas al Registro, para evitar tal error.

      b) Segunda fase, de documentación de requisitos previos:

      1º Inventario de los medios materiales de que disponga para el ejercicio de sus actividades.

      2º Documento acreditativo del título en virtud del cual dispone de los inmuebles en que se encuentre el domicilio social y demás locales de la empresa, cuando aquéllos estén ubicados en España.

      3º Si se trata de sociedades, composición personal de los órganos de administración y dirección.

      c) Tercera fase, de documentación complementaria y resolución:

      1º En su caso, certificado de inscripción de la escritura pública de constitución de la sociedad en el Registro Mercantil, o en el Registro de Cooperativas correspondiente o documento equivalente, si no se hubiera presentado con anterioridad.

      2º Certificado acreditativo de la instalación de un sistema de seguridad, de las características que determine el Ministerio del Interior.

      3º Documento acreditativo del alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

      4º Memoria explicativa de los planes de operaciones a que hayan de ajustarse las diversas actividades que pretenden realizar.

      5º Relación del personal, con expresión de su categoría y del número del documento nacional de identidad, o, en el caso de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, del número de identidad de extranjero. Cuando no haya obligación de obtener este último, se expresará el número del documento de identidad equivalente.

      6º Documentación acreditativa de la suscripción de un contrato de seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera contratada con entidad debidamente autorizada de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con el objeto de cubrir, hasta la cuantía de los límites establecidos en el Anexo del presente Reglamento, la responsabilidad civil que por los daños en las personas o los bienes pudieran derivarse de la explotación de la actividad o actividades para las que la empresa esté autorizada.

      A las empresas legalmente autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo para ejercer actividades o prestar servicios de seguridad privada en dicho Estado y que pretendan ejercer tales actividades o servicios en España, se les tendrá en cuenta el contrato de seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera, que hubieran suscrito a los mismos efectos en cualquiera de dichos Estados, siempre que el mismo cumpla los requisitos establecidos en este apartado.

      Si el seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera suscrito en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo lo fuese por cuantía inferior a la exigida a las empresas españolas por la vigente normativa de seguridad privada, la empresa obligada a su prestación deberá constituir nuevo seguro, aval o garantía complementarios o ampliar el ya suscrito hasta alcanzar dicha cuantía.

      7º Documentación acreditativa de haber constituido garantía, en la forma y condiciones prevenidas en el artículo 7 de este Reglamento.

      2. Los documentos prevenidos en los apartados anteriores se presentarán adaptados para acreditar el cumplimiento de los requisitos específicos que para cada tipo de actividad se exigen a las empresas de seguridad, con arreglo a lo dispuesto en el anexo de este Reglamento.

      3. Sin perjuicio de las funciones de inspección y control que corresponden a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (ámbito del Cuerpo Nacional de Policía) en materia de seguridad privada, el preceptivo informe del Cuerpo de la Guardia Civil sobre idoneidad de instalación de los armeros que, en su caso, hayan de tener las empresas de seguridad, deberá ser emitido a instancia del Cuerpo Nacional de Policía e incorporado oportunamente al expediente de inscripción”.

      Consideraciones

      Mediante Sentencia de 26 de enero de 2006, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas condenó al Reino de España por incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Tratado de la Comunidad Europea, al mantener en vigor determinadas disposiciones de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que imponen una serie de requisitos a las empresas y al personal de seguridad privada procedentes de otros países miembros que quieren ejercer actividades de seguridad privada en España y que son contrarios a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en el marco de la Unión Europea.

      Dichos requisitos, entre otros, venían constituidos por la exigencia de que las empresas de seguridad tengan que adoptar necesariamente la forma societaria; el depósito obligatorio de una fianza ante un organismo español –la Caja General de Depósitos- para responder a las eventuales responsabilidades o al pago de multas, sin tener en cuenta las garantías constituidas, en su caso, en otro Estado miembro; y la obligación de que la empresa disponga de una plantilla mínima de personal.

      Pues bien, a fin de dar cumplimiento a los requerimientos contenidos en la citada Sentencia, los artículos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, que –entre otros- inciden en las cuestiones antes señaladas, fueron modificados por el Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, el cual contempla la obligación de realizar las adaptaciones de naturaleza reglamentaria imprescindibles para la completa ejecución del contenido de la Sentencia, que se llevaron a cabo mediante el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, de modificación de determinados artículos del Reglamento de Seguridad Privada.

      Así, se suprime el requisito de que las empresas de seguridad deban adoptar necesariamente la forma societaria y, en consecuencia, el de disponer de un capital social mínimo. Por tanto, las empresas seguridad podrán revestir la forma de persona física o de persona jurídica.

      Asimismo, se establece la obligación de todas las empresas de seguridad que quieran prestar servicios de seguridad privada en España –sea cual sea el Estado en que hayan sido autorizadas o habilitadas y tanto si revisten la forma de persona física como de persona jurídica- de inscribirse en el Registro de Empresas de Seguridad que se lleva en este Ministerio, debiendo acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

      En la fase presentación de documentación y acreditación de requisitos, se tendrán en cuenta –y no se exigirán nuevamente- los requisitos ya acreditados o cumplimentados por las empresas de seguridad en otros Estados miembros o parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

      En cuanto a los requisitos y documentación que deben presentar o acreditar las empresas, cabe destacar dos de ellos, que afectan a todas las empresas de seguridad, tanto si son personas físicas como jurídicas:

      a) Seguro de responsabilidad civil o equivalente (cobertura de daños a terceros): se admite que pueda suscribirse en entidad autorizada de cualquier Estado miembro o Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que esté a disposición de las autoridades españolas. Asimismo, se tendrá en cuenta el seguro ya suscrito, a los mismos efectos, en cualquiera de dichos Estados, si bien su cuantía habrá de completarse si fuese inferior a la exigida por la normativa española.

      b) Constitución de garantía (cobertura de sanciones administrativas): se establecen idénticas previsiones que respecto al seguro de responsabilidad civil.

      Conclusiones

      De todo cuanto antecede, y en respuesta concreta a las cuestiones que se suscitan, cabe concluir lo siguiente:

      1. La exclusividad de “objeto social”, tal y como se contempla en el artículo 2.a) de la Ley 23/1992, de 30 de julio, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, y en el artículo 5.1.a) del Reglamento de Seguridad Privada, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, afecta única y exclusivamente a las empresas de seguridad privada que adopten la forma societaria.

      Ello no obstante, cuando las empresas adopten la forma de personas físicas, sólo podrán realizar las actividades o servicios de seguridad privada para las que hayan sido autorizadas o habilitadas.

      Asimismo, tratándose de personas físicas, para realizar las actividades enumeradas en el artículo 5 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, deberán afiliarse de forma obligatoria al RETA.

      Finalmente, tanto las personas físicas como las jurídicas que tengan la consideración de “empresa de seguridad” habrán de darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, modelo 036, en el epígrafe correspondiente a su actividad.

      2. En el único Registro de Empresas de Seguridad que se lleva en este Ministerio, deben inscribirse todas las empresas de seguridad, tanto las que adopten la forma de persona física como las que adopten la forma societaria.

      3. En cuanto a los requisitos y documentos que debe aportar la persona física que desee constituirse como empresa de seguridad, cabe señalar que serán todos aquellos previstos en el artículo 5 del Reglamento de Seguridad Privada, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, que no estén expresamente pensados para sociedades. Concretamente, quedarían excluidas del cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado 1.a).1º (escritura pública de constitución de la sociedad), en el apartado 1.b).3º (composición personal de los órganos de administración y dirección) y en el apartado 1.c).1º (inscripción de la escritura pública de constitución de la sociedad en el Registro correspondiente).

      Existen, asimismo, requisitos y documentos cuya aportación o no dependerá de las características de cada empresa individualmente considerada. Es el caso de los requisitos previstos en el apartado 1.c).2º (certificado acreditativo de la instalación de un sistema de seguridad, de las características que determine el Ministerio del Interior) y en el apartado 1.c).5º (relación de personal).

      El resto de los trámites y documentos previstos en el citado artículo 5 son perfectamente exigibles y su aportación factible para las empresas de seguridad constituidas por personas físicas:

      - declaración de la clase de actividad que pretende desarrollar y el ámbito de actuación de la misma (apartado 1.a).2º).

      - inventario de los medios materiales de que disponga para el ejercicio de sus actividades (apartado 1.b).1º)

      - documento acreditativo del título en virtud del cual dispone de los inmuebles en que se encuentre el domicilio social y demás locales –si los hubiera- de la empresa, cuando aquéllos estén ubicados en España (apartado 1.b).2º)

      - documento acreditativo del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (apartado 1.c).3º)

      - memoria explicativa de los planes de operaciones a que hayan de ajustarse las diversas actividades –o la actividad, en su caso- que pretenden realizar (apartado 1.c).4º)

      - documentación acreditativa de la suscripción de un contrato de seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera en la cuantía establecida en el anexo del Reglamento (apartado 1.c).6º)

      - documentación acreditativa de haber constituido garantía, en la forma y condiciones previstas en el artículo 7 del Reglamento (apartado 1.c).7º)

      4. Por lo que se refiere a la última de las cuestiones consultadas, debe señalarse que, en la segunda fase de documentación de requisitos previos, la determinación del inventario de los medios materiales generales de que disponga para sus actividades deberá aportarlos el interesado. Estos medios hacen referencia a elementos tales como mobiliario de oficina, material de oficina, ordenadores, teléfonos, vehículos, etc., más los medios materiales específicos en relación con la actividad o actividades para las que se vaya a solicitar autorización.