Obligación de formación permanente de los vigilantes de cotos privados de caza

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    • Obligación de formación permanente de los vigilantes de cotos privados de caza

      En contestación al escrito de un particular, formulando consulta sobre si los vigilantes de cotos privados de caza están obligados a someterse a la formación permanente regulada en el artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada, esta Secretaría General Técnica puso de manifiesto lo siguiente:

      En primer lugar, debe señalarse que los vigilantes de cotos privados de caza no constituyen una categoría de personal de seguridad privada de las enumeradas en el artículo 1.2 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos de aquélla, y que son las siguientes: vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, jefes de seguridad, directores de seguridad, escoltas privados, guardas particulares del campo, guardas de caza, guardapescas marítimos y detectives privados.

      Del mismo tenor se pronuncia el artículo 52 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y modificado por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, en base al cual, a los efectos de habilitación y formación, se considera a los guardas de caza y a los guardapescas marítimos como especialidades de los guardas particulares del campo.

      Por tanto, en el ámbito de la actual normativa de seguridad privada, el personal con competencias para ejercer la vigilancia y la protección de las fincas rústicas, fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético, y de los establecimientos de acuicultura y zonas marítimas protegidas con fines pesqueros, está constituido por los guardas particulares del campo, con sus dos especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos.

      La habilitación de los guardas particulares del campo, expedida por el Ministerio del Interior, les faculta para desempeñar, en todo el territorio nacional, las funciones que, con carácter exclusivo, les atribuye la normativa de seguridad privada, sin perjuicio de que puedan coexistir con otras figuras de creación autonómica, cuyas funciones, precisamente, no deben incidir en tales aspectos. Por tanto, los guardas particulares del campo podrán, en base a su titulación como tales, ejercer en el territorio de cualquier Comunidad Autónoma las funciones de vigilancia y protección de la propiedad que les atribuye la normativa de seguridad privada, en las condiciones y con los requisitos que en la misma se establecen, incluyendo el uso de las correspondientes armas de fuego.

      Cuestión distinta es que, en el momento presente, la mayoría –si no todas- de las Comunidades Autónomas tienen transferidas competencias en materia de protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza u otras que, con similares denominaciones, incluyen las relativas a montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos, espacios naturales protegidos, caza y pesca, zonas de montaña, etc., ostentando dichas Comunidades Autónomas competencias sobre la protección y vigilancia de tales ámbitos materiales por el personal funcionario o laboral encargado de ello en virtud de las normas autonómicas correspondientes.

      En este último aspecto, podemos decir que las Comunidades Autónomas pueden crear un tipo de protección pública y otra privada, dentro de su competencia de medio ambiente y otras colaterales.

      Efectivamente, en el marco de lo dispuesto en los respectivos Estatutos de Autonomía, la competencia de las Comunidades Autónomas para crear y regular normativamente determinadas categorías de personal en el ámbito material sobre el que tienen competencias exclusivas resulta incuestionable, y prueba de ello es que la totalidad de las Leyes autonómicas que regulan el ejercicio de la caza –en cuanto competencia exclusiva- contemplan, además de las correspondientes autoridades medioambientales –con diversas denominaciones-, la figura de los vigilantes de caza, guardas de cotos de caza, etc., cuya presencia es, en algunos casos, obligatoria en los cotos privados de caza (tal es el caso de las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla y León o Castilla-La Mancha, por poner algunos ejemplos).

      Ahora bien, esta Secretaría General Técnica ha puesto de manifiesto repetidamente que los vigilantes de cotos privados de caza, guardas de caza, guardas rurales o cualesquiera otros que, con similares denominaciones, ejerzan funciones de vigilancia en ámbitos privados del territorio de las Comunidades Autónomas, deberán limitar sus actuaciones a los aspectos directamente relacionados con el ámbito que es objeto de la competencia autonómica (en este caso, el cinegético), admitiéndose la posibilidad de que realicen labores de vigilancia y custodia meramente pasiva, incluyendo la formulación de denuncias, pero sin que supongan en ningún caso intromisión en las funciones de seguridad expresamente reservadas en la legislación de seguridad pública o de seguridad privada como complemento de aquélla.

      Ello significa que sus funciones irán básicamente orientadas a tareas tales como la vigilancia y el control de las poblaciones de especies cinegéticas; la conservación y el fomento de las especies protegidas o en peligro de extinción; la correcta aplicación de los planes técnicos de caza, cuando existan; el control de las especies cinegéticas predadoras; la colaboración en elaboración de censos de especies cinegéticas; y, en general, todos los trabajos y actividades relacionados con la gestión de los recursos cinegéticos.

      Sin perjuicio de lo anterior, deberán poner en conocimiento de los agentes de la autoridad en materia cinegética o de los servicios de vigilancia privada (guardas particulares del campo) cuando existan, cuantos hechos, acciones u omisiones supongan posibles infracciones a las correspondientes normativas reguladoras en materia de caza, y colaborar con ellos en el ejercicio de sus funciones en materia cinegética.

      De todo cuanto antecede y en respuesta a las cuestiones concretas que se formulan, se informa lo siguiente:

      1. Si la consulta se refiere a personal de creación autonómica, no serán de aplicación al mismo las previsiones contenidas en la Ley 23/1992, de 30 de julio, y en sus normas de desarrollo y, más concretamente, las que se refieren a la formación permanente del personal de seguridad privada reguladas en el artículo 57 del Reglamento de desarrollo de la Ley.

      En efecto, todas las cuestiones relativas al régimen personal y laboral de dicho personal se regirán por la normativa autonómica que les sea de aplicación, tanto por lo que se refiere a la formación como a su identificación o a cualesquiera otros aspectos.

      2. Si las cuestiones consultadas se refieren a los guardas particulares del campo contemplados en la citada Ley como una de las categorías de personal de seguridad privada, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

      a) El artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada contempla la formación permanente como aquélla que tiene por objeto mantener al día el nivel de aptitudes y conocimientos necesarios para el ejercicio de las funciones atribuidas al personal de seguridad, a cuyo efecto dicho personal deberá asistir periódicamente a los correspondientes cursos de actualización en las materias que hayan experimentado modificación o evolución sustancial o, en su caso, a los cursos de especialización en determinadas materias relacionadas con las funciones que tienen atribuidas.

      A tal finalidad obedecen, además de los citados cursos, los ejercicios obligatorios de tiro que contempla el artículo 84 del Reglamento o las pruebas psicotécnicas periódicas previstas en el artículo 85.

      Pues bien, el apartado 1 del citado artículo 57 se refiere genéricamente “al personal de seguridad privada”, si bien, al hacer recaer en las empresas de seguridad la obligación de garantizar la organización y asistencia de su personal a los cursos de actualización y organización, debe interpretarse que la asistencia a éstos sólo es obligatoria para el personal integrado en empresas de seguridad, como puede ser el caso, no sólo de los vigilantes de seguridad, sino también de los guardas particulares del campo que opten por dicha modalidad de prestación de servicios.

      b) No obstante lo anterior, el apartado 2 del mismo artículo sólo regula la duración de los cursos de actualización y especialización que deben realizar los vigilantes de seguridad; es decir, no se contempla ni en el propio Reglamento de Seguridad Privada ni en ninguna de sus disposiciones de desarrollo referencia alguna a dichos cursos en relación con otras categorías de personal de seguridad privada.

      c) A mayor abundamiento, el artículo 94 del repetido Reglamento, al regular el régimen general de los guardas particulares del campo, dispone que será de aplicación a los mismos lo establecido para los vigilantes de seguridad sobre una serie de aspectos entre los cuales figuran los ejercicios de tiro y las pruebas psicotécnicas periódicas, pero no así la formación permanente, omisión que debe reputarse intencionada.

      En definitiva, puede concluirse que los guardas particulares del campo, estén o no integrados en empresas de seguridad, no tienen obligación de realizar la formación permanente que regula el artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada, sin perjuicio de que, por propia iniciativa o de la empresas en la que se encuentren integrados, puedan voluntariamente asistir a los cursos de actualización o especialización que consideren oportunos.