Sentencia de la Audiencia Nacional, de 3 de noviembre de 2011, declarando la realización de rondas en horario nocturno función únicamente atribuible a vigilantes de seguridad

    ¡Hola! Algunas características del foro solo están disponibles para usuarios registrados. Inicia sesión o regístrate para acceder a todo el contenido.

    • Sentencia de la Audiencia Nacional, de 3 de noviembre de 2011, declarando la realización de rondas en horario nocturno función únicamente atribuible a vigilantes de seguridad

      SENTENCIA EN APELACION

      Madrid, a tres de noviembre de dos mil once.

      Visto por la Sala constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen el Recurso de Apelación interpuesto por la entidad BAUSER LOGISTIC, S.L., representada por el Procurador D. Marcos Juan Calleja García, contra la sentencia dictada con fecha de 17 de marzo de 2011, por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 9, en autos de procedimiento ordinario nº 104/2009; habiendo sido parte, además, la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.

      Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON FERNANDO F. BENITO MORENO.

      ANTECEDENTES DE HECHO

      PRIMERO.- Deducido recurso de apelación por el recurrente, formulando las alegaciones de hecho y de derecho que estimó oportunas, se tuvo por interpuesto por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo y se dio traslado del mismo a las demás partes para que pudieran formalizar su oposición.

      SEGUNDO.- El Abogado del Estado dedujo el correspondiente escrito oponiéndose e impugnando el recurso de apelación, solicitando la desestimación del mismo.

      TERCERO.- Elevadas las presentes actuaciones a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, previo emplazamiento de las partes, y su personación, se señaló para que tenga lugar la votación y fallo del mismo la audiencia del día 2 de noviembre de 2011.

      VISTOS los preceptos que se citan por las partes y los de general aplicación.

      FUNDAMENTOS DE DERECHO

      PRIMERO.- En el presente recurso de apelación se interpone contra la sentencia dictada con fecha de 17 de marzo de 2011, por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 9, en autos de procedimiento ordinario nº 104/2009, contra la resolución de fecha 14 de julio de 2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por multa sobre la Ley de Seguridad Privada.

      SEGUNDO.- Como consecuencia de un expediente sancionador incoado a la entidad hoy apelante en el que se le imputaba: la prestación privada de servicios de seguridad sin estar autorizado para ello por el Ministerio del Interior, ni inscrita en el Registro de Empresas de Seguridad, se le impuso una multa de 30.060 euros por infracción muy grave de la Ley 23/92, art. 22.1.a).

      TERCERO.- En el escrito de apelación se alega error en la apreciación de la prueba.

      CUARTO.- En cuanto al fondo, reproduce lo dicho en el procedimiento de instancia, y como es sabido, y basta a tales efectos citar la STS de 17 de marzo de 1.999, los recursos de apelación deben contener una argumentación dirigida a combatir los razonamientos jurídicos en los que se basa la sentencia de instancia, no siendo admisible, en esta fase del proceso, plantear, sin más, el debate sobre los mismos términos en que lo fue en primera instancia, como si en ella no hubiera recaído sentencia, pues con ello se desnaturaliza la función del recurso.

      Y como ya ha tenido ocasión de expresar esta misma Sala y Sección en sentencias precedentes, en el ámbito de la segunda instancia, en cuanto que la misma implica la revisión de la fundamentación fáctica y jurídica efectuada por un órgano jurisdiccional de la pretensión procesal deducida por una parte, es preciso dejar sentado, como premisa rectora de reexamen de la cuestión debatida, que en la valoración de la prueba practicada en el curso del proceso debe primar el criterio objetivo e imparcial del Juzgador de Instancia, sobre el juicio hermenéutico, subjetivo y parcial, de la parte apelante, de modo que es necesario acreditar una equivocación clara y evidente en el juicio valorativo del órgano jurisdiccional para acoger este motivo de apelación, sin que sea suficiente una mera discordancia del juicio valorativo de la prueba practicada determinante de la decisión recurrida.

      QUINTO.- El art. 1.2 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, determina que "únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los jefes de seguridad y los escoltas privados, que trabajen en aquellas, los guardas particulares del campo y los detectives privados".

      Y el art. 7.1 de la Ley 23/1992, por su parte, establece que " Para la prestación privada de servicios o actividades de seguridad, las empresas de seguridad habrán de obtener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un registro que se llevará en el Ministerio del interior". Y el art. 22.1.a) de la misma ley tipifica como infracción muy grave "la prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria".

      El art. 11 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, enumera las funciones que exclusivamente pueden desempeñar los vigilantes de seguridad, que son las siguientes:

      " a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.

      b) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal.

      c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.

      d) Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquellos.

      e) Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.

      f) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

      Y, en contraposición, también es necesario hacer referencia a lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 23/1992, 30 de julio, que excluye del ámbito de aplicación de dicha Ley: "las actividades de custodia del estado de instalaciones y bienes o de control de accesos realizadas en el interior de inmuebles por personal distinto del de seguridad privada y directamente contratado por los titulares de los mismos". "Este personal en ningún caso podrá portar ni usar armas, ni utilizar distintivos o uniformes que puedan confundirse con los previstos en esta Ley para el personal de seguridad privada".

      La asunción por parte de las empresas de seguridad de funciones de exclusiva titularidad estatal, hace preciso que la Administración despliegue sobre ellas una amplia gama de controles impensables en otros sectores de la actividad económica.

      Así, en primer lugar, para realizar este tipo de actividad se exige tener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un Registro que se llevará en el Ministerio del Interior, y además de cumplir una serie de requisitos, en orden a su constitución societaria, cuantía mínima del capital social, medios materiales y humanos, prestación de fianzas (art.7.1), bien entendido, que la pérdida de algún requisito produce la cancelación de la inscripción ( art.7.3).

      La concreción de tales requisitos se detallan en normas reglamentarias, por ello, la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, en su Disposición Final Primera, establece que: "El Gobierno dictará las normas reglamentaria que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley ", entre otras establece, los requisitos y características que han de reunir las empresas y entidades objeto de regulación; las condiciones que deben cumplirse en la prestación de servicios y realización de actividades de Seguridad Privada; las características que han de reunir los medios técnicos y materiales utilizados a tal fin; las funciones, deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada; y el régimen de habilitación del personal.

      Conforme a la Disposición Adicional 1ª de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley las actividades de custodia del estado de instalaciones y bienes o de control de accesos realizadas en el interior de inmuebles por personal distinto del de seguridad privada, que no ha de estar integrado en empresas de seguridad privada, y puede ser directamente contratado por los titulares de los mismos, como las labores de información en los accesos, custodia y comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones, comprobación y control del estado de las calderas e instalaciones generales en cualesquiera clase de inmuebles, tareas de recepción etc.

      Aunque en el plano estrictamente teórico, es clara la diferencia entre prestación de servicios de seguridad y las establecidas en la Disposición Adicional 1ª de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, excluidas del ámbito de aplicación de la Ley, no lo es tanto a la hora de verificar en la práctica su contraste, puesto que la mayoría de las veces aquellas actividades se pretenden simular con otras no sometidas a los rigores de la legislación de seguridad privada, y entran en el mercado en una clara competencia desleal con empresas legalmente habilitadas para prestar ese tipo de servicios.

      SEXTO.- En el caso de autos, para determinar si los servicios prestados por la entidad hoy apelante, son o no de seguridad privada, resulta determinante:

      1º El Acta de Inspección (Folio 8), levantada a las 00,00del día 20 de agosto de 2008, en la empresa PRIMA YOR FOODS, S.L., sita en el Polígono Malpica de Zaragoza:

      "A nuestra llegada a la puerta de la empresa, se observa a través de la calle una garita con luz en su interior, viendo a través de las ventanas que no hay nadie. Que los actuantes recorren el perímetro exterior no observando a nadie, por lo que posteriormente se dirigen con el coche a la entrada de vehículos, encontrándose frente a nosotros un vehículo de la marca SEAT Córdoba, con las luces apagadas, del cual sale Pio , nacido en Bilbao (Vizcaya), el día 03-10-89, hijo de Antonio y Ma Asunción, con domicilio en la URBANIZACIÓN000 , n° NUM000 de Alfajarín, (Zaragoza), y con número de teléfono NUM001 .

      Que dicha persona viste pantalón vaquero, deportivas en colores naranja, blanco y azul y una Sudadera.

      Que el arriba citado nos permite el acceso al interior, abriéndonos la puerta de la garita, observando un mostrador con dos aparatos, de los cuales desconoce su uso y utilidad una carpeta, en la cual aparece el teléfono de servicio de Vigilancia del Polígono 629951151, el teléfono del Centro de Control 24 horas y nombres y números de teléfono del Jefe de Servicio y Delegado.

      Que en la carpeta mencionada, también se registra el nombre y apellidos, fecha, motivo de la visita, hora de entrada y de salida y observaciones, no siendo el filiado el que lo rellena, sino un trabajador de mañana.

      2º Acta de declaración del trabajador D. Pio (Folio 9), quien manifestó que:

      "Que se encuentra trabajando para la empresa "BAUSER Servicios Auxiliares", desde hace dos meses aproximadamente y en la empresa Primayor lleva tres días.

      Que su horario de trabajo todos los días es de 20:00 h. hasta las 08:00 horas de la mañana, librando cuando le corresponde.

      Que sus funciones son Vigilar la nave para que no entre nadie, ya que por la noche el único que trabaja allí, es él.

      Que realiza Rondas de Vigilancia por dentro de las naves, con las llaves correspondientes, pues le han facilitado todas ellas, y por fuera también realiza las rondas.

      Que no realiza labores de mantenimiento.

      Que sus funciones son las propias de un Vigilante de Seguridad.

      Que carece de la acreditación de vigilante de seguridad, únicamente es Controlador.

      Que las directrices de su trabajo las marca David, el cual pertenece a la empresa "BAUSER Servicios Auxiliares".

      3º El trabajador era contratado por la empresa recurrente, y no por la empresa beneficiaria de los servicios (frente a lo que señala la DA 3ª de la LSP).

      En definitiva, a juicio de la Sala, del todo haber probatorio, especialmente del acta de declaración, se deduce que las funciones realizadas no tienen encaje en las enumeradas en la Disposición Adicional 1ª, del Reglamento de Seguridad Privada, sino que constituye prestación privada de servicios de vigilancia y seguridad comprendidas dentro de la Ley de Seguridad Privada, para la que se requiere la oportuna autorización del Ministerio del Interior, que el personal tenga la habilitación necesaria y su inscripción en el registro de empresas de seguridad.

      Naturalmente, para evitar dichos controles y requisitos, se pretende cubrir una apariencia haciéndose pasar por empresa de prestación de otro tipo de servicios, o al trabajador otorgarse funciones de controlador.

      En definitiva, y por lo que aquí interesas, la funciones desarrolladas eran las propias de vigilancia y seguridad, tal como ha considerado la Sala en múltiples casos similares al hoy enjuiciado (realización de rondas por el interior o perímetro del establecimiento o espacio a vigilar, trabajo nocturno, et.). Por todas, la reciente SAN de 29 de abril de 2009 (Recurso nº 53/2009 ).

      Según doctrina de esta Sala, expuesta en múltiples sentencias, la realización de rondas por el interior o exterior de los inmuebles en horario nocturno, constituye una de la más genuinas manifestaciones de los servicios de seguridad privada, que por la naturaleza de su prestación, es propio de los vigilantes de seguridad, funciones que eran las efectivamente realizadas por el trabajador al servicio de la entidad hoy apelante.

      En definitiva, se prestan servicios de seguridad privada, dada la naturaleza de la actividad efectivamente desarrollada, y de esa forma acceder al mercado eludiendo las responsabilidades y obligaciones propias de una empresa de tal naturaleza, con clara ventaja sobre las que cumplen escrupulosamente lo dispuesto en la legislación vigente.

      La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria, es constitutiva de infracción muy grave, tipificada en el Art. 22.1.a) en relación con el 1.2 y 7.1 de la Ley 23/92, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y en el art. 148.1.a) del Reglamento, para la que se prevé una multa entre 30.060 euros y 601.000 euros.

      No existe, pues, vulneración del principio represunción de inocencia, ni de tipicidad, porque la conducta de la entidad apelante se incardina en dicho precepto legal como infracción muy grave imponiéndose la sanción en su grado mínimo, por lo que estimamos ponderada y proporcionada, sin que tampoco se haya vulnerado el principio de proporcionalidad.

      Razones todas ellas que conducen a la desestimación del recurso de apelación.

      SEPTIMO.- Que deben imponerse las costas en esta instancia a la parte apelante, de conformidad con el art. 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

      FALLAMOS

      Que desestimamos el Recurso de Apelación interpuesto por la entidad BAUSER LOGISTIC, S.L., representada por el Procurador D. Marcos Juan Calleja García, contra la sentencia dictada con fecha de 17 de marzo de 2011, por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 9, en autos de procedimiento ordinario nº 104/2009, resolución que confirmamos; con imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte apelante y pérdida del deposito constituido para recurrir en apelación.

      Así, por esta nuestra sentencia, contra la que no cabe recurso, y de la que se llevara testimonio a las actuaciones, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

      PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, en la forma acostumbrada, de todo lo cual yo, la Secretaria Judicial, doy fe.
      Archivos