Estudian reducir la seguridad privada en los juzgados

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      CANARIAS

      Estudian reducir la seguridad privada en los juzgados
      La reducción de horarios e, incluso, de personal de vigilancia privada de los juzgados canarios es una de las opciones que estudia el Ejecutivo canario para reducir gastos, una medida que provocaría inseguridad en estas dependencias.

      17/feb/11 01:29
      G.J., S/C de Tenerife

      El Gobierno de Canarias está estudiando reducir el horario de los agentes de seguridad privada como una de las medidas urgentes que está ejecutando en su política de reducción de gastos. Esta medida podría incluir también la disminución del personal que ejerce estas funciones, lo que, según la Junta de Personal de Justicia, podría llegar a provocar inseguridad en las dependencias judiciales.

      Esta posible acción del Ejecutivo canario centra muchas de las conversaciones que tienen lugar en los pasillos del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, donde el personal de seguridad privada de estas instalaciones muestra su incertidumbre ante este posible recorte.

      Por su parte, la Junta de Personal de Justicia señaló a este periódico que de llevarse a cabo se podría llegar a una situación de inseguridad en las sedes de la Justicia.

      "Aún desconocemos con exactitud los términos de esta medida, pero si se trata de reducir los turnos, esto implicaría que los profesionales de la seguridad privada trabajarían más horas, y por tanto estarían más cansados para desempeñar sus funciones con eficacia", explican desde la Junta de Personal de Justicia.

      Por su parte, desde la Consejería de Justicia y Seguridad confirman que se está estudiando llevar a cabo una medida de reducción de gasto relacionada con el personal de seguridad privada y que forma parte de las acciones que la administración canaria anunció hace tiempo y que son consecuencia de la crisis económica.

      Una vez que se haya decidido la actuación a acometer, la administración tendrá que comunicarlo a la empresa de seguridad privada y negociarlo con ella.

      En este sentido, la Consejería informa de que aún no se ha determinado cuál será la medida que se tomará, y reiteró que está en fase de estudio.

      Sobre la política de reducción de gastos del Gobierno canario también se manifestó la Junta de Personal, que destacó que algunas medidas que ya se han tomado no recortan el gasto, sino que lo incrementan y, además, aumenta los retrasos que ya existen en la Justicia.

      Una de estas acciones ha sido la prohibición, desde el pasado jueves, de mandar algún fax a los teléfonos "902", como son los casos de las notificaciones de los procedimiento monitorios a la Península.

      "El 70 por ciento de las causas del ámbito Civil son procedimientos monitorios, muchos de ellos están relacionados con empresas cuyo domicilio social está en la Península. Antes, para admitir a trámite la demanda, mandábamos un fax para comunicarlo, pero ahora, con esta prohibición, hay que usar los correos certificados, lo que implica un mayor gasto económico y un incremento de los retrasos para que esa causa se resuelva, pues tarda más en llegar", explican desde la Junta de Personal.