Piden una multa a un escolta por colocar una bomba falsa en el buzón de una juez

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    • Piden una multa a un escolta por colocar una bomba falsa en el buzón de una juez

      TRIBUNALES | Fiscalía de Guipúzcoa
      Piden una multa a un escolta por colocar una bomba falsa en el buzón de una juez

      • Presuntamente, introdujo dos detonadores y cables mezclados con publicidad
      • La acción causó mucho revuelo y fue atribuída inicialmente a radicales
      • El 'modus operandi' y el material no coincidían y se cambió la investigación
      • Se le acusa de simulación de delito y se le exigen 2.160 euros de sanción


      Efe | San Sebastián
      Actualizado jueves 21/04/2011 18:19 horas

      La Fiscalía de Guipúzcoa pide una multa de 2.160 euros para un escolta, responsable de una empresa de seguridad, al que acusa de colocar dos detonadores en el buzón de la vivienda que compartía con una jueza en San Sebastián.

      Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que hoy ha tenido acceso Efe, los hechos ocurrieron el 9 de mayo de 2010, cuando el procesado presuntamente introdujo dos detonadores y cables mezclados con publicidad en el buzón del domicilio que compartía con una jueza en el barrio donostiarra de Aiete.

      Posteriormente, sobre las 12:30 horas, acudió a la vivienda con su compañero de trabajo y abrió el buzón del que extrajo los detonadores y los cables que supuestamente "él mismo había depositado allí anteriormente".

      El acusado aparentó entonces que los explosivos "habían sido colocados por personas desconocidas" y "llamó por teléfono al Cuerpo Nacional de Policía (CNP), identificándose como escolta privado y jefe de seguridad" de una empresa del sector, para alertar de la colocación de los detonadores y "fingiendo ser víctima de un delito".

      El CNP puso el hecho en conocimiento de la Ertzaintza que "activó el protocolo establecido para este tipo de situaciones", por lo que agentes de este cuerpo aseguraron la zona y rastrearon las inmediaciones para localizar y neutralizar otros artefactos explosivos que pudieran haber sido colocados en las proximidades del lugar.

      Una dotación de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Ertzaintza comprobó sin embargo que no existían más explosivos en la zona y se ocupó de los detonadores hallados en el buzón, mientras la Unidad de Policía Científica efectuó una inspección ocular para recoger evidencias de lo ocurrido.

      Además, la Audiencia Nacional incoó unas diligencias previas, si bien luego se inhibió en favor de los juzgados de San Sebastián, donde el procesado prestó declaración en calidad de perjudicado.

      El escrito de acusación de la Fiscalía indica que el acusado es escolta de profesión y que había realizado un curso básico de uso y manejo de explosivos .

      Los dos detonadores que poseía el procesado eran detonadores eléctricos industriales "antigrisú", uno de los cuales se encontraba "cortocircuitado", aunque el otro se hallaba con "los cables sueltos", una situación que "incrementa el riesgo de que se produzca una detonación no deseada".

      El documento del Ministerio Público aclara además que este suceso "no se corresponde con el modus operandi de las acciones que hasta la fecha ha empleado la banda terrorista ETA ni los grupos de terrorismo callejera afines a ella".

      Este caso generó un gran revuelo en Guipúzcoa ya que en un primer momento se especuló con la posibilidad de que el suceso se tratara de una acción de ETA o de violencia callejera.

      Varios partidos políticos como el PSE/EE, el PP y Hamikabat (escisión de EA) expresaron en sendos comunicados su rechazo a esta acción que en ese momento fue atribuida a los radicales, hasta que horas después el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, desveló que los detonadores eran de origen industrial, de un tipo que nunca ha usado la banda terrorista ETA.

      La Fiscalía de Guipúzcoa considera que estos hechos son constitutivos de un delito de simulación de delito por el que solicita una multa de 2.160 euros para el procesado y que abone las costas procesales.