Intervención para evitar un delito ante una señal de alarma instalada en un vehículo en la vía pública

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    • Intervención para evitar un delito ante una señal de alarma instalada en un vehículo en la vía pública

      En relación con la consulta, respecto a la posibilidad legal de que un vigilante de seguridad pueda intervenir, para evitar la comisión de un delito, ante una señal de alarma instalada en un vehículo en la vía pública, esta Secretaría General Técnica, una vez consultados los órganos competentes del Departamento, manifiesta lo siguiente:

      Debe señalarse que en la actualidad se vienen utilizando dispositivos electrónicos que, instalados en los vehículos, permiten tener un conocimiento real de su ubicación en todo momento, así como de otras circunstancias que pudieran darse y que se encuentran relacionadas directamente con la seguridad, como son los supuestos de robo, atraco, etc.

      La instalación de estos sistemas de localización automática de vehículos se viene realizando,
      generalmente, por talleres especializados en el ramo del automóvil, siendo en ocasiones los propios fabricantes, en gamas altas de vehículos, quienes las efectúan. Es por ello que la legislación vigente no exige que sean empresas de seguridad, las que obligatoriamente la realicen, conforme a lo establecido en el apartado 1 a) del artículo 39 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.

      Cuestión diferente es quién debe recibir y tratar las señales de alarma que tales dispositivos pueden emitir. En este sentido, hay que señalar que los dispositivos instalados en los vehículos deberán estar conectados, en todo caso, a empresas de seguridad inscritas y autorizadas para la actividad de “explotación de centrales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos”, tal y como establece el artículo 5.1.f) de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y el artículo 1.1.f) del
      Reglamento que la desarrolla o, en su caso, a centrales de alarma de uso propio.

      En cuanto a la respuesta a las alarmas, en estos casos el servicio de acuda limitaría su actuación a la custodia de las llaves y su traslado al lugar donde se lo soliciten, únicamente cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuantes se lo requieran de forma expresa a la central de alarmas que presta el servicio.

      Previamente a lo anterior, y con el fin de evitar situaciones de alarma no provocadas por hechos reales, se requiere al titular del vehículo una denuncia previa de su sustracción, para que la central comunique el hecho a la autoridad competente.

      De todo lo anterior cabe realizar las siguientes conclusiones:

      1. La recepción, tratamiento y respuesta de las señales de alarma emitidas por tales dispositivos obligatoriamente ha de prestarse por una empresa de seguridad, autorizada e inscrita para la actividad de “explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, o, en su caso por centrales de alarma de uso propio.

      2. La empresa de seguridad habrá de comunicar a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil la prestación del citado servicio, a través del correspondiente contrato de conexión a central de alarmas.

      3. Con carácter previo a la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la sustracción y para conseguir su localización y posible detención de los autores, será imprescindible la presentación de la denuncia por el titular del vehículo.

      Respecto a la posibilidad de utilizar vigilantes de seguridad como servicio de acuda y respuesta a las alarmas, en ningún caso sería posible para estos supuestos, salvo que fuese solicitado en supuestos puntuales y a requerimiento expreso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuantes, limitándose su función a facilitar a estos últimos, las llaves del vehículo.