Funcionarios y guardias civiles rechazan la vigilancia de escoltas privados en prisiones

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    • Funcionarios y guardias civiles rechazan la vigilancia de escoltas privados en prisiones

      Funcionarios y guardias civiles rechazan la vigilancia de escoltas privados en prisiones
      Interior quiere reubicar en cárceles a los guardaespaldas de País Vasco y Navarra
      06:40


      R.PRIETO - A CORUÑA "Es como poner a un enfermero hacer de cirujano". Funcionarios de prisiones y guardias civiles resumen así qué ocurrirá en los centros penitenciarios si son sustituidos por vigilantes privados, tal y como ha planteado el Ministerio del Interior. Los trabajadores en las cárceles de Galicia reconocen la escasez de la plantilla –en los penales de Teixeiro (A Coruña) y A Lama (Pontevedra), los dos de la comunidad con más población reclusa, cada funcionario se enfrenta a la vigilancia de un módulo con 120 presos–. No obstante, advierten de que la privatización de la seguridad en las prisiones no es la solución ya que, argumentan, los vigilantes privados carecen de formación y experiencia para prestar estos servicios, ya sea en el perímetro exterior de los penales, bien en el interior. "Su entrada en los penales provocaría problemas de seguridad", coinciden funcionarios de prisiones y agentes de la Guardia Civil. Como alternativa a la propuesta del Gobierno, defienden la entrada de interinos en los penales. "Ellos tienen formación", aseguran desde el sindicato de prisiones Acaip.

      En su comparecencia en el Congreso hace dos semanas, el secretario de Estado del Interior, Ignacio Ulloa, apeló al "ingenio" para poner sobre la mesa la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios: "Lo único que hacemos es poner ingenio y quiero decir, apelando a la tranquilidad de parte de los diputados que me han preguntado pero haciéndoles ver que no queda más remedio que buscar alternativas,". Desde el PSOE, su portavoz en la comisión de Interior, Pedro Muñoz, reconoce la necesidad de revisar la Ley de Seguridad Privada, pero advierte de que "hay campos, como el de los centros penitenciarios, en los que no tiene cabida".

      Con su intervención en la Cámara baja, Ulloa abrió la puerta a que los escoltas que se quedaron sin trabajo en País Vasco no solo sustituyesen a guardias civiles que vigilan el perímetro exterior de los penales para que estos reforzasen labores de seguridad ciudadana –tal y como anunció Interior en marzo– sino que además los vigilantes privados prestasen servicios en el propio centro debido a la falta de personal y la imposibilidad de convocar nuevas plazas de empleo público. Según apuntó entonces el número dos de Interior, la labor de "mirar un monitor de seguridad" la puede desempeñar un ciudadano con una mínima formación.

      "Nosotros tenemos que aprobar una oposición dura, hacer un curso en Madrid y unas prácticas, como mínimo, de un año. ¿Qué formación tiene un vigilante privado para entrar en un penal?", cuestiona Enrique Mosquera, del sindicato de prisiones Acaip.

      Desde CSI-F, su presidente territorial de Instituciones Penitenciarias, José Manuel Piñeiro, asegura que la labor del funcionario de prisiones es un "pilar básico del Estado de Derecho y responde al ejercicio de una profesión que el secretario de Estado [del Interior] pretende ningunear". "Es indispensable el conocimiento de las funciones de los diversos puestos para garantizar la seguridad, tanto de internos como de personal, ante la multitud de incidentes que las personas pueden crear; y cuya resolución depende de la pericia del funcionario", añade José Manuel Piñeiro. "Cuando hay una pelea, incluso intervienen los funcionarios de oficina y cabina. No hay compartimentos estancos", apunta Enrique Mosquera.

      Pero no solo los funcionarios de prisiones se rebelan contra la propuesta de Interior; los guardias civiles que vigilan los exteriores de los penales también. "Están desvistiendo a un santo para vestir a otro", apuntan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en referencia al trasvase de agentes destinados en cárceles a seguridad ciudadana y su sustitución por escoltas.