Prestación de servicios de seguridad privada con armas de fuego

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    • Prestación de servicios de seguridad privada con armas de fuego

      En contestación al escrito de un particular, formulando consulta sobre diversas cuestiones relacionadas con la prestación de servicios de seguridad privada con armas de fuego, la Secretaría General Técnica, previo informe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, emitió el siguiente informe:

      Respecto a la exposición que se realiza en el escrito de consulta sobre las analogías entre las funciones y cometidos que desarrollan los vigilantes de seguridad y sus especialidades y las que realizan los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la discriminación que se establece entre unos y otros en cuanto a la concesión de las correspondientes licencias de armas, debe recordarse lo siguiente:

      En primer lugar, no puede olvidarse que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quienes tienen la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y, al propio tiempo, garantizar su seguridad, siendo la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la que determina sus funciones, así como sus principios básicos de actuación.

      Por su parte, las actividades o servicios que prestan las empresas privadas de seguridad, a través de su personal, en cuando complementarios y subordinados de los de la seguridad pública, lógicamente tendrán incidencia en la seguridad ciudadana, si bien las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben estar permanentemente presentes en el desarrollo de dichas actividades y servicios e informadas de cualquier circunstancia trascendente para la seguridad pública.

      Puede decirse que el concepto de seguridad privada discurre por los siguientes criterios básicos:

      - Vinculación contractual de la empresa de seguridad y cliente –persona física o jurídica-.

      - Utilización de los medios humanos y materiales adecuados a su fin, cual es la protección y
      prevención.

      - Especialización, en función del servicio contratado.

      Frente a estos criterios, las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se concretan en garantizar el ejercicio de los derechos y libertades personales y preservar la seguridad ciudadana y la seguridad pública, con base en los siguientes criterios:

      - Sus actuaciones se inscriben dentro del ámbito de la Administración Pública, con carácter de servicio público.

      - Sus funciones se desarrollan de forma generalizada e indiscriminada respecto de los ciudadanos.

      - Tienen conferida la prerrogativa del uso de la fuerza, con las limitaciones legales y con arreglo a los principios de objetividad y proporcionalidad.

      Centrándonos ya en las cuestiones objeto de consulta, se informa lo siguiente:

      1. En primer lugar, se plantea la posibilidad de que los vigilantes de seguridad, al igual que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tengan una licencia de armas que, una vez obtenida, vaya ligada inequívoca e indivisiblemente a su tarjeta de identidad profesional o, dicho de otro modo, que la propia tarjeta de identidad profesional sea considerada como licencia de armas C.

      Pues bien, sobre este particular debe señalarse que el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, prevé en su artículo 54.2.c), como requisito específico para la habilitación de los vigilantes de seguridad, el de reunir los requisitos necesarios para poder portar y utilizar armas de fuego, a tenor de lo dispuesto al efecto en el vigente Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.

      La normativa de seguridad privada no establece dos categorías distintas de personal según puedan o no portar armas, sino tipos de servicios que pueden o deben necesariamente prestarse con armas (artículo 81 del Reglamento de Seguridad Privada), por lo que, desde esta Secretaría General Técnica, se ha venido sosteniendo el criterio de que las empresas de seguridad podrán contratar vigilantes de seguridad, siempre que estén debidamente habilitados y provistos de la correspondiente tarjeta de identidad profesional, sin necesidad de que dicho personal esté dotado de licencia de armas, aunque sí debe estarlo de los requisitos necesarios para poder obtenerla, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento de Armas.

      Sin perjuicio de lo anterior, si los vigilantes de seguridad se contratan específicamente para prestar servicios con armas de fuego, con carácter habitual o eventual, deberán estar provistos o proveerse de las correspondientes licencias de armas tipo C, en la forma prevenida en el aludido Reglamento.

      Por otra parte, debe ponerse de manifiesto que la filosofía que preside la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, es que los servicios de seguridad privada, como norma general, se presten sin armas, previéndose la autorización del uso de las mismas únicamente cuando lo exijan las circunstancias concretas y, en todo caso, en los supuestos tasados legal y reglamentariamente establecidos.

      Asimismo, tanto la normativa de seguridad privada como la de armas, condicionan la validez de las licencias de armas tipo C que corresponden al personal de seguridad privada a la prestación de determinados servicios de seguridad, quedando sin efecto –y careciendo por tanto de validez- cuando dejen de prestarse los servicios que motivaron su concesión.

      En efecto, el artículo 61 del Reglamento de Seguridad Privada dispone que, para que los vigilantes de seguridad y escoltas puedan prestar servicios con armas, éstos habrán de obtener la licencia tipo C conforme a lo prevenido en el Reglamento de Armas. El propio artículo establece que dicha licencia tendrá validez exclusivamente para la prestación del servicio de seguridad; que carecerá de validez cuando su titular no se encuentre realizando servicios; que podrá ser suspendida temporalmente por falta de realización o por resultado negativo de los ejercicios de tiro regulados en el artículo 84 del Reglamento de Seguridad Privada; y que quedará sin efecto al cesar el personal de seguridad en el desempeño del puesto en razón del cual le hubiera sido concedida, cualquiera que fuese la causa del cese.

      Por su parte, el Reglamento de Armas, en su Capítulo V, Sección 6ª (Licencias para el ejercicio de funciones de custodia y vigilancia), dispone los requisitos y condiciones que han de cumplirse para el otorgamiento de la licencia tipo C al personal de seguridad privada.

      El artículo 125 del mismo Reglamento, en relación con el artículo 61.2 del Reglamento de Seguridad Privada, establece que la licencia C sólo tiene validez durante el tiempo de prestación del servicio de seguridad determinante de su concesión y que quedará sin efecto al cesar el personal que la tenga otorgada en el desempeño de las funciones o cargos en razón de los cuales le fueron concedidas.

      Seguidamente, el artículo 126 del Reglamento de Armas se pronuncia del siguiente tenor literal:

      “1. Al cesar en su cargo o función, temporal o definitivamente, al titular de una licencia de este tipo le será retirada por el superior jerárquico, entidad, empresa u organismo en el que prestan o han prestado servicios, y será entregada en la Intervención de Armas. El arma quedará depositada a disposición de la empresa, entidad u organismo propietario.

      2. En los supuestos de ceses temporales, si el titular de la licencia hubiese de ocupar de nuevo un puesto de trabajo de la misma naturaleza, le será devuelta su licencia de uso de armas, cuando presente certificado o informe sobre dicho puesto, expedido de acuerdo con el artículo 122.a)”.

      En base a lo anteriormente expuesto, pueden hacerse las siguientes consideraciones:

      - La licencia C, correspondiente al ejercicio de las funciones de custodia y vigilancia, sólo será anulada cuando se pierda la condición de personal de seguridad privada por alguna de las causas previstas en el artículo 64.1 del Reglamento de Seguridad Privada.

      - Cuando los incisos finales de los artículos 61.2 del Reglamento de Seguridad Privada y 125 del Reglamento de Armas hacen referencia a la expresión “quedará sin efecto” (la licencia), no puede interpretarse, en términos jurídicos, como sinónimo de anulación, puesto que tales incisos han de ser conjuntamente interpretados con los artículos 84 del Reglamento de Seguridad Privada y 126 del Reglamento de Armas, en relación con la suspensión temporal de la licencia C.

      - En consecuencia, cuando el personal de seguridad deje de prestar servicios con armas, por haber cesado en su cargo o función, temporal o definitivamente, la licencia de armas quedará sin efecto –no anulada-, es decir, quedará suspendida y depositada en la correspondiente Intervención de Armas y Explosivos hasta que su titular presente un certificado de la empresa en el que se haga constar que tiene un cometido o puesto de trabajo para el que precisa dicha licencia (artículo 126 del Reglamento de Armas).

      Ahora bien, si el cese en sus funciones deviene de la pérdida de la condición de personal de
      seguridad por alguna de las causas previstas en el artículo 64.1 del Reglamento de Seguridad Privada, dicha licencia quedará anulada definitivamente.

      De acuerdo con las consideraciones anteriores, esta Secretaría General Técnica entiende que
      cuando el personal de seguridad privada deje de prestar servicios con armas, deberá depositar su licencia en la Intervención de Armas correspondiente, toda vez que dicha licencia ha perdido su eficacia –aunque no su validez jurídica- hasta que se acredite nuevamente la necesidad de la misma para desempeñar un puesto de trabajo con armas.

      De todo cuanto antecede, y en respuesta a la cuestión concreta que se plantea, cabe concluir que, mientras la tenencia y uso de armas es consustancial a la condición de miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, condición que sigue ostentándose incluso fuera del servicio, no ocurre lo mismo en el caso del personal de seguridad privada, ya que, primero, no todos los servicios que desempeñan deben prestarse necesariamente con armas de fuego y, segundo, el uso de éstas está ligado únicamente a la prestación de un servicio concreto, a cuya finalización el arma debe ser depositada en los armeros de la sede de la empresa correspondiente.

      De ahí que, a diferencia de lo que ocurre con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas, a los cuales, siempre que se encuentren en servicio activo o disponible, les será considerada como licencia A su tarjeta de identidad militar o carnet profesional, en el caso de los vigilantes de seguridad no puede darse dicha circunstancia, puesto que tanto la normativa de seguridad privada como la de armas insisten en que las licencias C tendrán validez exclusivamente durante el tiempo de prestación del servicio correspondiente.

      2. En segundo lugar, se alude a la discriminación consistente en que el resultado negativo de un ejercicio de tiro suponga la pérdida de la licencia de armas para el personal de seguridad privada, mientras que en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los ejercicios de tiro no son evaluativos sino de perfeccionamiento.
      La Ley 23/1992, de 30 de julio, contempla una serie de medidas destinadas a que el personal de seguridad privada, en cuando personal que ejerce funciones complementarias y subordinadas de las de seguridad pública, mantenga actualizadas las aptitudes, conocimientos, habilidades o destrezas necesarias para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, así como las condiciones físicas y psíquicas que su desempeño requiere.

      A tal finalidad obedecen, además de la formación permanente prevista en el artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada (cursos de actualización y especialización), los ejercicios obligatorios de tiro que contempla el artículo 84 del mismo Reglamento o las pruebas psicotécnicas periódicas reguladas en el artículo 85.

      La nueva redacción dada al apartado 1 del artículo 84 del Reglamento de Seguridad Privada por el Real Decreto 1123/2001, implica que la realización de ejercicios periódicos de tiro es obligatoria tanto para el personal de seguridad privada que preste servicios con armas, como para los demás que puedan prestar dichos servicios por estar en posesión de las correspondientes licencias de armas, aún cuando las mismas se encuentren “suspendidas” y depositadas en las Intervenciones de Armas de la Guardia Civil. Por tanto, los ejercicios de tiro serán obligatorios para todo el personal de seguridad que se encuentre en posesión de la licencia C, debiendo las empresas de seguridad presentarlos a su realización, aún cuando en ese momento no estén desarrollando actividades con armas.

      Cuestión distinta es que la licencia haya sido anulada definitivamente por haber perdido su titular la condición de personal de seguridad privada por alguna de las causas previstas en el artículo 64.1 del Reglamento de Seguridad Privada, en cuyo caso, obviamente, no existirá obligación alguna de presentarse a los ejercicios obligatorios de tiro.

      Respecto a la cuestión concreta que se suscita, debe señalarse que el artículo 84, en su apartado 1, in fine, prevé que la falta de realización o el resultado negativo de un ejercicio de tiro podrá dar lugar a la suspensión temporal de la correspondiente licencia de armas hasta que el ejercicio se realice con resultado positivo. Por tanto, el resultado negativo de un ejercicio de tiro no implica en ningún caso la pérdida de la licencia, sino su suspensión temporal.

      De ahí que sea lógico pensar que, circunstancias como las que se describen en el escrito de consulta como posibles causantes de un resultado negativo (inclemencias meteorológicas, armas que no están en perfectas condiciones, etc.), son excepcionales y no van a concurrir en las sucesivas repeticiones del ejercicio de tiro.

      En cualquier caso, la Resolución de 28 de febrero de 1996 de la Secretaría de Estado de Interior (actualmente Secretaría de Estado de Seguridad), por la que se aprueban las instrucciones para la realización de los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada, en su apartado primero, punto 11, establece que a los vigilantes de seguridad a los que se les haya suspendido temporalmente la licencia de armas se les autoriza su asistencia a los campos o lugares de tiro, que designe la empresa, para que, bajo la dirección de instructores habilitados, realicen las prácticas necesarias para recuperar la aptitud para disponer nuevamente de su licencia de armas C.

      3. Se cuestiona en el escrito de consulta que la pérdida sensible de agudeza visual o auditiva sea motivo para que un vigilante de seguridad pierda la licencia de armas, mientras que los mismos defectos no incapacitan a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

      En primer lugar, cabe señalar que el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada, procede a actualizar la enumeración y el sistema de evaluación y consideración administrativa de las enfermedades o deficiencias que impiden la obtención o renovación de las licencias de armas.

      Los destinatarios de la normativa de referencia son, por tanto, todas aquellas personas que puedan tener y usar armas y ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, cual es el caso del personal de seguridad privada, que debe estar documentalmente habilitado para la tenencia y uso de armas.

      En segundo lugar, el Gobierno consideró, y tal fue la finalidad perseguida por la norma, que
      cualquier actividad que requiera de la tenencia y uso de armas debe rodearse de las máximas garantías, y considera que la extrema cautela al respecto es fundamental para reducir los riesgos que el uso y aun la mera tenencia de armas comporta.

      Por tanto, cualquier persona que pretenda obtener o renovar la licencia o autorización de tenencia de armas, necesita someterse a las pruebas de aptitud psicofísica y a las exploraciones necesarias para determinar si sus condiciones físicas o psíquicas le impiden la utilización de las armas y, especialmente, si la posesión o el uso de las mismas representan un peligro propio o ajeno.

      Este fue el criterio del Consejo de Estado, en su dictamen de 30 de julio de 1998 sobre el Real Decreto de referencia, el cual, incluso, solicitó un endurecimiento de las restricciones de tenencia y uso de armas a quienes presenten alteraciones o deficiencias susceptibles de afectar a la regularidad de su conducta.

      Por otra parte, el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, lo único que se ha llevado a cabo es una actualización en la enumeración y el sistema de evaluación y consideración administrativa de las enfermedades o deficiencias con el fin de dotar de las máximas garantías la tenencia y uso de armas, aplicando más restricciones a quienes presenten alteraciones o deficiencias que puedan suponer un riesgo para la seguridad propia o ajena.

      Por lo que se refiere a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, son sus disposiciones específicas sobre acreditación de aptitudes psicofísicas y cuadros de exclusiones médicas las que deben determinar los supuestos en los que, en atención a las anomalías o defectos presentados, deba privarse de la condición de policía o guardia civil, en su caso, con la consiguiente pérdida de la licencia de armas correspondiente, o bien procederse a la reasignación de destinos en función de la anomalía detectada.

      4. Finalmente, se pone de manifiesto la insuficiencia, tanto en número como en frecuencia, de los ejercicios de tiro que realizan los vigilantes de seguridad, aduciendo que el vigilante no puede perfeccionar la técnica del disparo más que a través de los medios que le pueda proporcionar la empresa de seguridad a la que pertenece.

      En la nueva redacción dada por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, al artículo 84.1 del Reglamento de Seguridad Privada, queda por determinar el número de disparos que debe realizar el personal que esté en posesión de la licencia C, al margen de que ésta se encuentre o no depositada en las Intervenciones de Armas correspondientes, cuya regulación corresponde al Ministerio del Interior.

      Ello no obstante, sobre esta cuestión debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda del referido Real Decreto, referente a la vigencia de normas preexistentes. En ella se dispone que en tanto tenga lugar la aprobación de las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el citado Real Decreto, continuarán en vigor las normas aplicables a los aspectos que remitan a ulterior desarrollo normativo.

      Consecuentemente con lo anterior, la norma aplicable hasta que se desarrollen las características de los ejercicios de tiro regulados en el artículo 84 del Reglamento de Seguridad Privada, será la Resolución de 28 de febrero de 1996 de la Secretaría de Estado de Interior (hoy Secretaría de Estado de Seguridad), por la que se aprueban las instrucciones para la realización de los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada.

      En consecuencia, en el momento presente tanto la frecuencia de los ejercicios de tiro prevista en el artículo 84 del Reglamento de Seguridad Privada como el número de disparos que establece la ya aludida Resolución de 25 de febrero de 1996, son los que estiman suficientes para comprobar la aptitud en la conservación, mantenimiento y manejo de las armas del personal de seguridad privada.

      En cualquier caso, debe señalarse que el artículo 84 del Reglamento de Seguridad Privada se refiere a ejercicios “obligatorios” de tiro por lo que, implícitamente, debe suponerse que la frecuencia que impone dicho artículo es la que se considera mínima para garantizar las referidas aptitudes, pero nada impide que las empresas de seguridad, con carácter voluntario, puedan presentar a sus trabajadores a la realización de otros ejercicios de tiro adicionales.