Decreto 2336/1963, de 10 de agosto, por el que se regula el Servicio de Vigilantes Jurados de Industria y Comercio.

    • Disposición derogada

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    • Decreto 2336/1963, de 10 de agosto, por el que se regula el Servicio de Vigilantes Jurados de Industria y Comercio.

      DECRETO 2336/1963, de 10 de agosto, por el que se regula el Servicio de Vigilantes Jurados de Industria y Comercio.

      La necesidad de puntualizar determinados extremos del Decreto de veinte de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, por el que se creaba el Servicio de Vigilantes Jurados de Industria y Comercio, y resolver diversas dudas que se han suscitado en su aplicación, aconsejan modificar algunos de sus preceptos respetando en lo esencial sus líneas generales.

      Por ello, a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de agosto de mil novecientos sesenta y tres,

      DISPONGO:

      Artículo uno.—Los Vigilantes Jurados de Industria y Comercio, dentro del recinto de las empresas en que presten sus servicios, tendrán las misiones siguientes:
      1. Ejercer vigilancia de carácter general.
      2. Proteger tanto a las personas como a la propiedad.
      3. Evitar la comisión de hechos delictivos, obrando en consecuencia y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, cuando aquellos se hubieren cometido.
      4. Cualquier otra actividad que les corresponda por su carácter de Agentes de la Autoridad.
      Artículo dos.—El Servicio de Vigilantes Jurados será establecido:
      1. A solicitud de las empresas o establecimientos industriales o comerciales.
      2. Por determinación del Ministerio de la Gobernación, teniendo en cuenta la naturaleza e importancia de la empresa y el lugar de sus instalaciones, la concentración de clientes o cualquiera otra causa que lo aconseje.

      Artículo tres.—Las empresas industriales o comerciales que deseen establecer el Servicio, lo solicitarán del Director general de Seguridad o del Director general de la Guardia Civil las enclavadas en Madrid y su provincia, respectivamente, y de los Gobernadores civiles las que radiquen en las demás provincias, razonando su necesidad y haciendo cuantas alegaciones consideren oportunas, con expresión del número de Vigilantes que, a su juicio, se estimen necesarias para la prestación del Servicio.

      Por las Direcciones Generales citadas en el párrafo anterior, cuando se trate de Madrid y su provincia y por los Gobernadores civiles en los demás casos, se instruirá un expediente por cada una de las empresas solicitantes, recabando los informes que se consideren necesarios. Será preceptivo el informe de la Comisaría del Cuerpo General de Policía o Comandancia de la Guardia Civil, según que la empresa esté enclavada en demarcación correspondiente a una u otra. En vista de todo lo actuado, el Director general de Seguridad o el Director general de la Guardia Civil, en la provincia de Madrid, según la demarcación de que se trate, y los Gobernadores civiles en los demás casos, podrán autorizar el establecimiento del Servicio. Estas últimas autoridades darán cuenta, en todo caso, a las Direcciones Generales citadas, según que las empresas que soliciten el establecimiento del Servicio se hallen enclavadas en demarcación correspondiente a una u otra, de la resolución adoptada. Asimismo dichas Direcciones Generales se comunicarán recíprocamente los acuerdos que se adopten.

      Artículo cuatro.—Las empresas propondrán el nombramiento de la persona o personas que consideren idóneas para la prestación de los servicios a la Dirección General de Seguridad o Dirección General de la Guardia Civil, directamente, si estuvieran enclavadas en Madrid o su provincia, respectivamente, y a los Gobernadores civiles en los demás casos, por conducto en este último supuesto, de las Comandancias de la Guardia Civil o de las Comisarías de la Guardia Civil o de las Comisarías de Policía, según que la demarcación en que aquellas se encuentren radicadas pertenezcan a una u otra Dirección General. Estas propuestas, debidamente informadas por los Gobernadores Civiles, serán remitidas al Director general de Seguridad o al Director general de la Guardia Civil, según los casos, quienes podrán aceptar o rechazar las mismas. Caso de ser rechazadas, la empresa formulará otra propuesta con nuevo personal por el mismo conducto anteriormente señalado. Las resoluciones positivas que recaigan en tales expedientes serán también comunicadas directamente a las empresas por los organismos que las hayan adoptado.

      Artículo cinco.—No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la Dirección General de Seguridad, Dirección General de la Guardia Civil o los Gobiernos Civiles estimaran que determinados establecimientos industriales o comerciales están especialmente necesitados de esta modalidad de vigilancia, por la destacada importancia de sus actividades, por la naturaleza de sus servicios, el lugar de sus instalaciones, la concentración de clientela o por cualquier otra causa, propondrán al Ministro de la Gobernación el establecimiento obligatorio de dicho Servicio en aquellas empresas o establecimientos.

      A la vista de todos los informes y del parecer de la entidad, el Ministro de la Gobernación dictará la resolución que estime procedente, que se comunicará a la empresa o establecimiento interesado y al respectivo Centro directivo.

      Si la resolución del Ministerio determinara la creación del Servicio, la Dirección General de Seguridad y, en su caso, la Dirección General de la Guardia Civil, cumplimentarán los trámites para los nombramientos de los Vigilantes Jurados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.

      Artículo seis.—Los requisitos generales necesarios para ser nombrado Vigilante Jurado de Industria y Comercio serán los siguientes:
      1. Poseer la nacionalidad española.
      2. Ser varón y mayor de treinta años.
      3. Carecer de antecedentes penales.
      4. Observar buena conducta.
      5. Acreditar no haber sido expulsado de ningún organismo de la Administración del Estado, Provincia o Municipio, ni haber sido objeto de sanción disciplinaria que le inhabilite para el ejercicio de su cargo.

      Artículo siete.—Tendrán derecho preferente para ocupar las vacantes de Vigilantes Jurados de Industria y Comercio, en el orden que se citan:

      Uno. Las personas que a la fecha de promulgación de este Decreto estuvieren desempeñando funciones de guardería o vigilancia en los establecimientos o industrias afectas, si reúnen los requisitos señalados en el artículo anterior.

      Dos. Quienes pertenezcan a hayan pertenecido a los Cuerpos de la Guardia Civil, General de Policía o Policía Armada, por un periodo mínimo de cinco años.

      Tres. Los que tengan la condición de ex combatientes o ex cautivos.

      Cuatro. Los que sea o hayan sido Cabos en cualquiera de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire, con cinco años de servicio y tengan buena hoja de conducta.

      Artículo ocho.—A las propuestas de nombramiento se acompañará la siguiente documentación, relativa a los solicitantes:
      1. Declaración jurado de poseer la nacionalidad española.
      2. Reseña del número y lugar de expedición del documento nacional de identidad, compulsada por el funcionario encargado de recibir la documentación.
      3. Certificación negativa de antecedentes penales.
      4. Informe de conducta expedido por la Comisaría o Inspección del Cuerpo General de Policía o por el Puesto de la Guardia Civil en que los solicitantes tengan su domicilio, dentro de las respectivas demarcaciones.
      5. Declaración jurada de no haber sido expulsado de ningún Centro u Organismo del Estado, Provincia o Municipio ni haber sido objeto de sanción disciplinaria que le inhabilite para el cargo.
      6. Tres fotografías tamaño carnet.
      7. Certificación, en su caso de pertenecer o haber pertenecido a cualquiera de los Cuerpos General de Policía o Policía Armada o Guardia Civil, haciendo constar el tiempo de servicios prestados, conducta observada y situación administrativa en que se hallen.
      8. Certificación, en su caso, de tener la condición de ex combatiente o ex cautivo o ser o haber sido Cabo de cualquiera de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire, con cinco años de servicio.
      9. Cualquier otro documento que acredite circunstancias, aptitudes o situaciones que puedan ser consideradas como méritos para la provisión de estas plazas.

      Artículo nueve.—Los solicitantes que se encuentren en servicio activo en cualquiera de los Cuerpos citados en el número dos del artículo siete estarán exentos de la obligación de acompañar los documentos indicados en los apartados a), c), d) y e) del artículo anterior.

      Artículo 10.—La documentación, elevada a los Gobiernos Civiles relativa a los solicitantes, se cursará a la Dirección General de la Guardia Civil o a la Dirección General de Seguridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo cuatro.

      Todas las propuestas remitidas por los Gobernadores civiles, que se harán por duplicado, deberán ir acompañadas de un informe de dicha autoridad, relativo a la conveniencia o no de proceder al nombramiento del personal solicitante.

      Artículo once.—Las Direcciones Generales de Seguridad o de la Guardia Civil, a la vista de los antecedentes remitidos y de aquellos otros que se estimen necesarios, resolverán lo procedente y devolverán, en su caso, el duplicado de las propuestas, junto con el título de Vigilante Jurado de Industria y Comercio y el carnet acreditativo del cargo, al objeto de que sean entregados a los interesados, previa la prestación del oportuno juramento.

      Artículo doce.—A los nombrados para Vigilantes Jurados de Industria y Comercio que se encontraren en situación de servicio activo en los Cuerpos o Ejércitos indicados en los números dos y cuatro del artículo siete de este Decreto, no se les entregará el carnet acreditativo del cargo ni se les tomará juramento si no justifican documentalmente haber causada baja en el servicio de aquellos Cuerpos o Ejércitos.

      Artículo trece.—Prestarán juramento ante el Director general de Seguridad o ante el Director general de la Guardia Civil o la autoridad o funcionario en quienes aquellos deleguen, de acuerdo con la fórmula establecida en el Decreto de veintinueve de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, que podrá complementarse con otra de fidelidad inherente a los deberes del cargo y lealtad a la empresa.

      En este mismo acto se entregará a cada vigilante su nombramiento y el carnet acreditativo del cargo, haciendo constar en aquél la fecha del juramento; oportunamente se diligenciará también con la toma de posesión, que se realizará ante el Director, Gerente, Administrador o Jefe de personal de la empresa o establecimiento respectivo.

      Sendas copias del acta que acredite la prestación del juramento y la diligencia de toma de posesión serán remitidas a las Direcciones Generales de Seguridad y de la Guardia Civil para constancia en el expediente del interesado.

      Artículo catorce.—Los Vigilantes Jurados de Industria y Comercio prestarán su servicio precisamente de uniforme, requisito sin el cual no tendrán el carácter de Agentes de la Autoridad.

      Fuera del recinto de las entidades en que presten sus servicios, los Vigilantes Jurados no podrán ostentar distintivo alguno de su cargo.

      Las características del uniforme serán fijadas por la entidad donde presten sus servicios. El distintivo del cargo que los Vigilantes habrán de llevar bien visible en el uniforme, se ajustará al modelo que se inserta al final del esta disposición.

      Artículo quince.—La Dirección General de Seguridad o la de la Guardia Civil establecerán, en cada caso, si el arma de fuego que los Vigilantes Jurados portarán en el ejercicio de su cargo ha de ser corta o larga, atendidas las circunstancias que concurran en la entidad donde deban prestar sus servicios. Cuando se trate de arma corta, la llevarán siempre oculta.

      En cualquier caso los Vigilantes Jurados, para la tenencia del arma, deberán atenerse a lo establecido a este respecto para los Agentes de la Autoridad. Para la expedición de las licencias de armas se estará a los dispuesto en el artículo ochenta y seis del vigente Reglamento de Armas y Explosivos.

      Artículo dieciséis.—Bien sea establecido el Servicio de Vigilantes Jurados a solicitud de la empresa o bien por determinación del Ministerio de la Gobernación, los salarios y percepciones de cualquier clase, que correrán en todo caso a cargo de las empresas, deberán ser establecidos de acuerdo con la Reglamentación Laboral, Convenio Colectivo o cualquier otra norma establecida en el seno de la empresa por usos o costumbres.

      Artículo diecisiete.—Los Vigilantes Jurados de Industria y Comercio dependerán, en cuanto a la organización del servicio, de la persona responsable que a estos fines designe la empresa.

      Realizarán con el mayor celo y diligencia las funciones que les encomienda la presente disposición y atenderán las indicaciones de la empresa para su mejor cumplimiento y eficacia.

      Cuidarán de no emplear modales violentos, eludiendo discusiones y altercados y procurando guardar la máxima corrección en su trato.

      Deberán conservar en buen estado el arma que les fué entregada y asimismo deberán presentar siempre un aspecto de extrema pulcritud, tanto en su persona como en su uniforme.

      Artículo 18.—Los Vigilantes Jurados ejercerán en todo momento una eficaz vigilancia sobre las personas y las cosas dentro del recinto de la empresa donde presten servicios.

      Cuidarán especialmente de la seguridad de las personas y de los medios de protección a la propiedad que la empresa haya establecido o su celo le sugiera.

      Tratarán de prevenir y evitar la comisión de delitos y obrarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos doscientos ochenta y dos, doscientos ochenta y tres y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando aquéllos se hubieran cometido, procediendo a la detención de los autores y ocupación de los efectos y pruebas del delito, que pondrán a disposición de la Policía Gubernativa o Guardia Civil, en unión de todas las actuaciones que hayan realizado, para su remisión a la autoridad competente.

      Obedecerán las órdenes que reciban de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos citados en el párrafo anterior, siempre que aquellas se refieran al cumplimiento de las funciones que les competen como Agentes de la Autoridad y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo cuatro de la Ley de Orden Público.

      Artículo diecinueve.—Los Vigilantes Jurados procurarán impedir o reprimir cualquier alteración de orden público, en el recinto de las empresas donde presten sus servicios, adoptando las medidas de urgencia pertinentes y dando cuenta inmediata a la Policía Gubernativa o Guardia Civil.

      Artículo veinte.—Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones señaladas anteriormente, los Vigilantes Jurados están obligados a guardar el debido secreto sobre los hechos que conozcan por razón del cometido que les está encomendando, y sobre las órdenes que reciban.

      Artículo veintiuno.—En caso de siniestro en las instalaciones de la empresa o establecimiento en que presten servicios, los Vigilantes Jurados adoptarán inmediatamente las medidas necesarias para auxiliar a las personas, proteger las instalaciones y evitar la comisión de delitos, cumpliendo las instrucciones generales que a tal efecto tenga establecidas la entidad.

      Artículo veintidós.—Para todo lo relacionado con las licencias, permisos y bajas por enfermedad, los Vigilantes Jurados estarán sometidos a las normas, convenios o usos laborales correspondientes a la entidad en que presten sus servicios. Cuando se encuentren en las citadas situaciones, sólo podrán ser sustituidos por otros Vigilantes Jurados.

      Artículo veintitrés.— Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la persona responsable que la empresa designe para la organización del Servicio vendrá obligada a dar cuenta a la Policía Gubernativa o Guardia Civil de su localidad de las bajas temporales que experimenten los Vigilantes Jurados, así como las altas.

      Artículo veinticuatro.—Los Vigilantes Jurados causarán baja definitiva por los siguientes motivos:
      1. A petición propia.
      2. Por tener que cumplir condena, excepto en los casos de delito por imprudencia, en los que se estará a lo que resuelva, según su competencia, la Dirección General de Seguridad o de la Guardia Civil.
      3. Por pérdida del carácter de Agente de la Autoridad, en virtud de Resolución de las Direcciones Generales citadas y competentes en cada caso, previo expediente disciplinario que se incoará de oficio o a instancia motivada de la entidad.
      4. Por las causas que determinan la extinción de la relación laboral.

      En los casos de baja definitiva, los Vigilantes Jurados estarán obligados a hacer entrega de los atributos de su cargo a la persona responsable de la empresa nombrada para estos fines.

      Artículo veinticinco.—El Director, Gerente, Administrador o Jefe de Personal hará constar en el título de nombramiento de los Vigilantes Jurados que causen baja definitiva la oportuna diligencia del cese, de la que remitirán una copia a la Policía Gubernativa o Guardia Civil de la localidad junto con el carnet acreditativo del cargo. Estos documentos deberán remitirse a la Dirección General de Seguridad o de la Guardia Civil, según los casos.

      De la misma manera, los Vigilantes Jurados harán entrega de la licencia de uso de armas y guía de pertenencia correspondientes, que serán remitidas a la Dirección General de Seguridad. El arma que hayan utilizado en el ejercicio de sus funciones se enviará a la Intervención de la Guardia Civil.

      Artículo veintiséis.—De toda licencia o permiso extraordinario disfrutado por los vigilantes Jurados de Industria y Comercio se tomará la debida nota en sus respectivos expedientes personales.

      Artículo veintisiete.—Sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse en el orden laboral a los Vigilantes jurados, éstos podrán también ser sancionados, previo expediente, por el Director general de Seguridad, por el Director general de la Guardia Civil o por los Gobernadores civiles, según los casos.

      Cuando la sanción que proponga el Juez Instructor sea la de separación del cargo, dicha propuesta será elevada al Director general de Seguridad o al Director general de la Guardia Civil, según quien haya efectuado el nombramiento, que dictará la definitiva resolución.

      Artículo veintiocho.—Se considerarán faltas leves: El retraso en el desempeño en las funciones encomendadas, cuando este retraso no perturbe sensiblemente el servicio; las que sean consecuencia de negligencia o descuido excusable y la falta no reiterada de asistencia a las obligaciones propias del cometido que tenga asignado, sin justificación de causa.

      Serán faltas graves: La indisciplina contra sus superiores; la desconsideración a las autoridades o al público en sus relaciones con el servicio; la falta reiterada de asistencia a las obligaciones que le imponen su función sin causa que lo justifique; las que afecten al propio decoro; el tomar parte en altercados y pendencias dentro del recinto de la empresa en la que presente sus servicios, aunque no constituyan delito ni falta punible; la informalidad o el retraso en su actuación cuando perturben sensiblemente el servicio, así como el negarse a prestarlo con carácter extraordinario cuando lo ordenen por escrito los superiores, por imponerlo necesidades de urgente o inaplazable ejecución.

      Serán faltas muy graves: El abandono del servicio; la divulgación de secretos por razón de su cometido como Vigilante Jurado cuando de ello se deriven graves daños para el Servicio o la empresa; la insubordinación en forma de amenaza individual o colectiva; la omisión, a sabiendas, o por negligencia o ignorancia inexcusables de informes manifiestamente injustos, o la adopción de medidas concurriendo las mismas circunstancias; la falta de probidad y las constitutivas de delito.

      Artículo veintinueve.—Los correctivos que deberán imponerse a los Vigilantes Jurados como sanción por las faltas cometidas por los mismos, que han sido citadas anteriormente, serán las siguientes:

      Primero.—Faltas leves:

      Uno. Amonestación privada.
      Dos. Amonestación pública con anotación en el expediente personal.

      Segundo.—Faltas graves:

      Uno. Multa de cinco a treinta días de haber que, proporcionalmente a su cuantía, se hará efectiva en papel de pagos del Estado en el plazo máximo de cinco meses.
      Dos. Suspensión de sueldo y funciones por período de cinco a treinta días.

      Tercero.—Faltas muy graves:

      Uno. Separación del cargo.

      Artículo treinta.—Para premiar los servicios distinguidos prestados por los Vigilantes Jurados se establecen las recompensas siguientes, que podrán otorgar el Director general de Seguridad o de la Guardia Civil o Gobernadores civiles, según los casos:
      1. Felicitación privada.
      2. Felicitación pública con anotación en el expediente personal del interesado, que también podrá publicarse en el tablón de anuncios de la empresa.
      3. Concesión de Galón de Mérito.
      4. Propuesta para condecoración oficial, civil o militar.
      5. Recompensa en metálico por la empresa o por las Direcciones Generales de la Guardia Civil o de Seguridad, en casos excepcionales. Este premio irá siempre unido a cualquiera de las recompensas anteriores.

      El Galón de Mérito consistirá en una trencilla dorada de diez milímetros de ancho, que deberá colgarse en el brazo izquierdo, sobre la manga, en forma de ángulo de ciento veinte grados, con el vértice hacia abajo y e seis centímetros de lado. Pueden ir superpuestos hasta tres Galones de Mérito, y al concederse el cuarto usará en vez de cuatro de diez milímetros uno de veinte milímetros, también dorado. No podrán concederse más de cuatro Galones de Mérito.

      Los Vigilantes Jurados perderán el Galón de Galones de Mérito en cuya posesión se hallaren al incurrir en falta grave.

      Artículo treinta y uno.—En todo lo concerniente al procedimiento sancionador seguido para imponer sanciones disciplinarias y administrativas, se actuará de modo que queden cumplidas las garantías de los expedientados, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda incurrir el Vigilante Jurado, que será exigida mediante las normas y procedimiento correspondientes.

      Artículo treinta y dos.—Al expediente personal de los Vigilantes Jurados, en la Dirección General de Seguridad o en la Dirección General de la Guardia Civil, se unirá una hoja de conducta que servirá para juzgar el historial de los interesados. En esta hoja deberán inscribirse todas las sanciones y recompensas de que hayan sido objeto en su vida profesional. Los Gobiernos Civiles darán cuenta, a estos efectos, a la Dirección General correspondiente de dichos extremos relacionados con Vigilantes Jurados de sus respectivas provincias.

      Artículo treinta y tres.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo ciento treinta y seis/dos de la Ley de Procedimiento Administrativo, los expedientes incoados a los Vigilantes Jurados, deberán ser instruidos por funcionarios del cuerpo General de Policía o por Oficiales de la Guardia Civil, según que los establecimientos donde presten sus servicios se hallen enclavados en una u otra demarcación.

      Artículo treinta y cuatro.—Cuando los hechos que motiven el expediente demostraran peligrosidad por parte del interesado, cuando dictare, por razón de los mismos auto de procesamiento o cuando por la índole de la falta se considerara perjudicial para el prestigio de su función la continuidad en la prestación del servicio, el Director general de Seguridad, el Director general de la Guardia Civil y los Gobernadores civiles, a propuesta del Juez Instructor, podrán acordar la suspensión preventiva de sus funciones.

      Artículo treinta y cinco.—La comisión de una falta leve, existiendo dos anteriores sin invalidar, será considerada como falta grave. La cuarta corrección grave llevará consigo la propuesta para el cese, a no ser que estas faltas se sucedieran en un plazo inferior a tres meses, en cuyo caso no sería necesario esperar a la comisión de la cuarta.

      Para invalidar las notas y antecedentes por faltas leves y graves será necesario que transcurran dos y cinco años, respectivamente, desde la imposición de la sanción al interesado, sin incurrir en nueva falta. No podrán ser invalidadas en ningún caso las notas por reincidencia o las que se refieran a correctivos impuestos para sancionar las faltas muy graves.

      Transcurridos los plazos indicados en el párrafo anterior, podrán los interesados solicitar del Director general de Seguridad, del Director general de la Guardia Civil o de los Gobernadores civiles, según los casos, la invalidación de las notas desfavorables correspondientes por medio de instancia y por conducto regular.

      Las notas invalidadas no se tendrán en cuenta en la apreciación de nuevas faltas, ni para graduar la intensidad de otras en que pueda incurrir el interesado, excepto cuando sea reincidente en la misma. En la nota de invalidación que se entregue al interesado se especificará que la nota desfavorable ha quedado cancelada mientras no vuelva a incurrir en falta de la misma naturaleza, quedando, en este caso, anulada dicha cancelación.

      Artículo treinta y seis.—En todo lo no previsto en este Decreto, ni afecte al carácter de Agente de Autoridad de los Vigilantes Jurados, le será de aplicación las correspondientes reglamentaciones laborales, convenios y otras normas, usos y costumbres establecidos en la empresa.

      FRANCISCO FRANCO

      El Ministro de la Gobernación,
      CAMILO ALONSO VEGA
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