Informe UCSP 2016/044 - Justificación de la legitimación en la contratación de los Detectives Privados

    ¡Hola! Algunas características del foro solo están disponibles para usuarios registrados. Inicia sesión o regístrate para acceder a todo el contenido.

    • Informe UCSP 2016/044 - Justificación de la legitimación en la contratación de los Detectives Privados

      Informe UCSP: 2016/2226
      Fecha: 23.12.2016
      Asunto: Justificación de la legitimación en la contratación de los Detectives Privados

      ANTECEDENTES

      Escrito de un detective privado, en el que plantea una serie de cuestiones que, en resumen, hacen referencia al contenido del artículo 48.2 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada y a la “ambigüedad” que el mencionado detective parece percibir en su redacción.

      Continúa el escrito con una relación de conclusiones interpretativas del mencionado artículo que, fundamentalmente, fijan su atención en la legitimación del contratante y su constancia en el expediente redactado por el detective contratado.

      Estos dos hechos jurídicos son los que preocupan al interesado y pretenden explicarse a continuación.

      CONSIDERACIONES

      Con carácter previo se participa que, los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.

      La redacción del artículo 48.2 LSP, cuestionada por el detective privado, obliga a los detectives privados, con carácter previo al inicio de una investigación para la que esté habilitado, a realizar, siempre y de manera inexcusable, lo siguiente:
      1. Exigir del contratante la acreditación del interés legítimo, y
      2. Dejar constancia del mismo en el seno del expediente correspondiente.

      En torno a estas dos premisas que el artículo 48.2 plantea, no cabe otra interpretación. No existe vaguedad en los términos, ni posibilidad de inferencias alternativas, porque el legislador ha querido hacer especial hincapié en la ineludible necesidad que tiene el profesional de la investigación privada de ajustar su desempeño a la legitimación que ampara al contratante. Sobre estos planteamientos, tal y como se viene sosteniendo por esta Unidad, puede afirmarse que el detective privado necesita, además del escrupuloso cumplimiento de los requisitos que la norma exige para el ejercicio de la profesión, un añadido exterior que, también, le es necesario para verse habilitado: el inexcusable deber de trabajar por orden de quien tiene un interés o derecho legítimo, esto es, jurídicamente protegido y que transfiere a la labor profesional del investigador un justo título, convirtiendo al cliente en acreedor del resultado de todo lo averiguado.

      Por tanto, hay que detenerse en el análisis de dos cuestiones que, pese a su aparente estabilidad, pueden resultar poco pacíficas en la interpretación y conviene asentar unas ideas básicas:

      I. EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL CLIENTE.

      Definido en la jurisprudencia constitucional como presupuesto habilitante para acceder a la jurisdicción, debemos entenderlo como una titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial.

      Cierto es que la mayoría de la doctrina relaciona el concepto del interés en el ámbito de la habilitación jurisdiccional para ser parte. No obstante, los principios que alimentan esta teoría, perfectamente permiten ser observados en el seno de la legislación de seguridad privada. De hecho, en no pocas ocasiones el trabajo de un investigador privado ha de ser defendido en sede judicial, lo que exige una previa valoración de su habilitación y, por tanto, del desempeño de unas destrezas profesionales a instancias de quien, efectivamente, tiene interés legítimo y, por tanto, legitimación.

      La legitimación, entonces, se convierte así, en palabras del profesor Gómez Orbaneja, en un concepto puramente jurídico no «contaminado» por los hechos relacionados con el fondo, en tanto en cuanto muestra la consistencia de la pretensión material, porque indica si la correlación jurídica entre sujeto-objeto es conforme a Derecho, y, por tanto, si es admisible la consideración de la misma de acuerdo con las peticiones deducidas. Es decir, que el interés legítimo que ampara al cliente debe estar determinado por el ajuste legal entre el sujeto y su pretensión. En otras palabras, que aquello para lo que se contrata a un detective es conforme a derecho.

      Por tanto y siguiendo al profesor Almagro Nosete, la legitimación se asienta sobre dos bases: la capacidad del interesado y la existencia de un interés jurídicamente aceptado.

      En atención a esta última condición, el citado jurista admite la multiplicidad y variedad de su naturaleza, por lo que, en lo que afecta a la cuestión analizada, cabe afirmar que la existencia del interés legítimo se observa en la existencia de un derecho subjetivo, cuyo titular tiene la facultad de hacerlo efectivo, de ejercitarlo o de realizarlo, lo que, evidentemente, incluye la capacidad de contratar a un detective, precisamente en base a esa capacidad.

      Por otra parte, hay que señalar que no todos los intereses que merezcan tutela jurídica tienen que estar formalizados como derechos subjetivos perfectos, sino que pueden consistir en la privación de un beneficio o de una situación de ventaja, o en la causación de un perjuicio o, simplemente, en la extorsión de una expectativa, atinentes a la lícita esfera de actuación de un sujeto, con la consiguiente frustración de sus intereses legítimos. Estos intereses legítimos son de naturaleza sustancial o material, no procesal. Por tanto, se admite un espectro de pretensiones tan amplio como se pueda imaginar, siempre dentro del cauce señalado de la conformidad con la Ley.

      En este sentido y por lo que se refiere a la actividad de prestación de servicios de investigación en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte, no se pretende, con la regulación de los servicios que pueden prestar los despachos de detectives, limitar mediante numerus clausus una actividad que nace de una vasta e inagotable fuente de habilitación, precisamente porque cada contratante, cada cliente, cada sujeto que desea contratar un servicio de esta naturaleza, argumentará su interés legítimo en base a un particular punto de vista, que únicamente está sometido, para su legitimidad, a la licitud del mismo.

      II. LA CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE.

      La exigencia que el apartado 2 del artículo 48 de la Ley 5/2014 se inserta, y que obliga a los despachos de detectives a dejar, de manera inexcusable, testimonio del interés legítimo en el contratante, no es un frívolo capricho del legislador, sino que responde a la base jurídica que sustenta los servicios de investigación privada, que en el artículo 48.1 de la Ley de Seguridad Privada, establece la necesidad de que todas las actividades que van a ser desarrolladas por los detectives, tengan un inicio justificado en el cliente que las contrata. Esto es: para que un servicio de investigación privada se inicie, debe existir una petición previa por parte de un cliente interesado, lo que excluye toda actividad de oficio.

      Además, la norma, aunque de un modo sencillo, incorpora una mayor carga de seguridad jurídica en la actividad de investigación privada, ya que impone la exteriorización de la legitimación que ampara al cliente. Así, el interés legítimo del que se ha hecho mención en el apartado anterior, debe darse a conocer, al menos, para que los profesionales que van a llevar a cabo los servicios de investigación privada, tomen conciencia cierta acerca del fundamento de su labor. Por esta misma razón y en auxilio de la seguridad en el tráfico jurídico, el legislador también ha establecido en qué momento debe producirse el conocimiento cierto de la legitimación del cliente, que coincidirá, como no puede ser de otro modo, con el momento de la aceptación del trabajo de investigación. Con estas premisas y de un modo sencillo, se comprueba que la norma exige, antes del inicio de cualquier actividad de investigación, que el cliente acredite su interés legítimo frente al profesional de la investigación privada que, de asumir el encargo, debe plasmarlo de forma inmediata en el expediente correspondiente como forma de exteriorización, erga omnes, de esa legitimación.

      Ahora bien, la forma de dejar constancia del interés legítimo acreditado, que parece generar dudas en el consultante, no debería suponer conflicto alguno, habida cuenta que la norma no exige, efectivamente, mayor requisito que la obligación de su existencia, es decir, que figure en el expediente de contratación e investigación, bien por anotación o por cualquier otro medio admisible en derecho, la acreditación de la existencia de legitimación en el contratante.

      Sensu contrario, se puede afirmar que la no exteriorización de la legitimación, la no acreditación de la misma, impide la traslación al propio detective, al profesional de la investigación privada, de esa habilitación en sentido amplio que, de no existir, priva al despacho o al profesional de la capacidad de desarrollar los servicios para los que pretende ser contratado. Esto significa, en un evidente acierto legislativo, que la voluntad formulada por la Ley de Seguridad Privada en su artículo 48.5 de colocar en una posición de garante de los derechos de los clientes y también de los sujetos investigados a los profesionales de la investigación privada, también lo encontramos en esta exigencia de constancia: el detective, también en amparo de los derechos de los ciudadanos que pueden llegar a ser investigados, debe abstenerse y evitar cualquier intromisión en la esfera personal de terceros si, en todo caso, no existe un interés jurídico legítimo en el contratante. En este sentido, no es el artículo 48.2 de la Ley 5/2014 una disposición en orden a proteger al detective en el desempeño de su profesión, sino una garantía de los derechos de todos los ciudadanos.

      CONCLUSIONES

      Por tanto y en relación con las cuestiones planteadas, se significa lo siguiente:
      1. En respuesta a la primera cuestión, se establece que el interés legítimo en el cliente, es el presupuesto habilitante en el momento de la aceptación del encargo por parte del detective.
      2. En respuesta a la segunda, cuarta, sexta y séptima preguntas, se recuerda que la acreditación de la legitimidad, según se ha analizado, no debe seguir una formalidad regulada en la ley, aunque sí debe constar su existencia.
      3. La acreditación del interés legítimo, como se ha venido estableciendo, puede seguir cualquier modalidad admitida en derecho, con lo que se da respuesta a la tercera y quinta de las cuestiones.

      Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53.1.f) de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en el artículo 112 de la citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso alguno.


      UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA
      POLICÍA NACIONAL
      Archivos